LA SOCIEDAD CIVIL ESPAÑOLA DENUNCIA QUE EL GOBIERNO SE DESENTIENDE DE LA REFORMA DEL FAD Y CESCE

Madrid, 17 de junio de 2009
La Campaña “¿Quién debe a Quién?” e Intermon-OXFAM no aceptan el
nuevo retraso que han sufrido las reformas del Fondo de Ayuda al
Desarrollo (FAD) y los seguros de la Compañía Española de Seguros de
Créditos a la Exportación (CESCE), anunciado ayer por el Ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos en la Comisión
de Cooperación al Desarrollo del Congreso de los Diputados.
Aprovechando la interpelación que hoy miércoles 17 de junio ha realizado
el Diputado del Grupo Vasco EAJ-PNV y portavoz en materia de
Cooperación, Aitor Esteban, en la Sesión de Control del Gobierno sobre
dichas reformas, la sociedad civil reafirma su exigencia del inmediato
cumplimiento de la Ley de la Deuda en todos sus ámbitos.

Con el anuncio del Ministro Moratinos, el Gobierno español pierde una vez más la
oportunidad de manifestar su voluntad política para acabar con las causas del
empobrecimiento, como la Deuda Externa. El compromiso legal de realizar la
reforma del FAD y de los seguros CESCE supuso en su día el reconocimiento de las
graves irregularidades de ambos instrumentos para la internacionalización de las
empresas españolas, y sus nefastos impactos en la salud, el entorno natural, los
medios de vida e incluso los derechos humanos de las poblaciones del Sur.
Asimismo, tanto los créditos FAD como los seguros CESCE se han referido en dadas
ocasiones a proyectos de alto impacto social y ambiental, por lo que también son
responsables de la generación de una mayor Deuda Ecológica, del Estado español
con los países empobrecidos.
Por otra parte, la sociedad civil expresa que hace más de un año que el Gobierno
está incumpliendo la Ley Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa (Ley
38/2006 del 7 de diciembre) en sus Disposiciones Transitorias Primera, Tercera y la
Adicional Primera. Dichas disposiciones contemplan la presentación por parte del
Ejecutivo de dos proyectos de leyes que regulen, respectivamente el FAD y CESCE,
en tanto que créditos y seguros otorgados por cuenta del Estado. Asimismo, obliga
a comparecer al Gobierno para dar cumplimiento de la gestión de la deuda, hecho
que este año todavía no se ha producido.
Por todo ello, queremos denunciar lo siguiente:
1. El incumplimiento de esta reforma legislativa afecta, cada día que pasa, a la
economía de más de 80 países que en la actualidad están endeudados con el
Estado español y por lo tanto, a la vida de millones de personas, que
continúan pagando una deuda en muchos casos de probada ilegitimidad.
2. El contexto de crisis económica brinda una excusa oportuna a algunas
multinacionales españolas para presionar al Gobierno y explotar la
posibilidad de seguir utilizando herramientas crediticias como los Fondos de
Ayuda al Desarrollo (FAD) y los seguros de créditos a la exportación con
cobertura CESCE (empresa pública con capital privado), para que unos
pocos continúen lucrándose a costa de que la población actual y futura de
los países pobres tenga que asumir la carga de unas deudas ilegítimas que
dudosamente responderán a las necesidades que verdaderamente necesitan
ser cubiertas por la ayuda al desarrollo de España.
3. Es imperioso que la reflexión hecha ya por otros países europeos de
abandonar definitivamente la contabilización de los créditos otorgados con
cargo al FAD como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se produzca también
en el Estado español y adquiera fuerza de ley. Este hecho desnaturaliza y
resta calidad a la cooperación española, haciendo que, de nuevo, ésta sea
una herramienta al servicio de las empresas españolas.
4. El Gobierno es responsable de garantizar, mediante una nueva regulación
del Fondo de Ayuda al Desarrollo y del Seguro de Crédito a la Exportación,
que el Estado Español está a la orden en el cumplimiento de las obligaciones
internacionales con el respeto, protección y promoción de los Derechos
Humanos; así como la puesta en práctica del nuevo Plan Nacional de
Derechos Humanos aprobado por el gobierno el mes de diciembre pasado,
específicamente con su capítulo de acción exterior relacionado con la política
económica exterior y la política de cooperación españolas.
En consecuencia, solicitamos que la reforma legislativa de los FAD y los
seguros CESCE, pendiente y urgente desde hace tanto tiempo, sea prioritaria en
la agenda del Ejecutivo español y tenga, además, en cuenta la opinión de la
sociedad civil para su cambio. Asimismo, solicitamos de inmediato la
comparecencia del Gobierno para que dé cumplimiento de la gestión de la
Deuda Externa por parte del Gobierno español durante el ejercicio del
2008. En este sentido, solicitamos que en dicha comparecencia se facilite toda la
información que nos ayude a entender cómo se alcanza la cifra de deuda para cada
uno de los países deudores con el Estado español a 31 de diciembre de 2008, en
relación a los datos aportados a 31 de diciembre de 2007.
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