dimarts, 12 de febrer del 2008

Campaña “¿Quién debe a Quién?”Una carta a los políticos

A los partidos políticos que concurrirán en las próximas Elecciones Generales 2008
Estimada señora o estimado señor:
La Campaña ¿Quién debe a quién? reúne a decenas de colectivos y organizaciones que
constatamos que el pago de la Deuda Externa se cobra diariamente la muerte de
personas y es una de las causas de la violencia estructural y de la agresión sistemática
contra los Derechos Humanos de la mayor parte de la población mundial. Desde un
espacio horizontal y descentralizado nos proponemos movilizar a la opinión pública para
exigir la abolición de la deuda externa y la eliminación de todos los mecanismos de
dominación que la genera.
Estamos convencid@s de que no solo es injusto extraer pagos de “deuda” de los pueblos
del Sur generando impactos destructivos sobre las vidas, comunidades, economías y el
medio ambiente, sino que las “deudas” que se reclaman del Sur son ilegítimas y no
deben ser pagadas. Planteamos además que los pueblos del Sur son de hecho los
acreedores de incalculables deudas históricas, sociales, económicas y ecológicas,
adeudadas por nosotros y nuestro modelo de consumo.
Constatamos que los países industrializados, entre ellos el Estado español, han
generado una Deuda Ecológica y una Deuda Social con los pueblos del Sur. Que nuestros
modelos de producción y consumo tienen importantes impactos sociales y
medioambientales, cambian el clima, impiden la soberanía alimentaría, contaminan el
aire, el agua y el suelo, provocan enfermedades poniendo en peligro, de forma grave,
la salud pública y comprometen seriamente la supervivencia del planeta y de las
futuras generaciones.
Por todo ello, nos ponemos en contacto con usted, como miembro de un partido
político que concurrirá en las próximas elecciones generales, para solicitarle que
incluya en el programa electoral de su partido verdaderos compromisos para acabar
con la lacra que es la deuda externa y para frenar y restituir la deuda ecológica y
social.
1. En caso de formar parte del gobierno, asumirán el reconocimiento de la ilegitimidad
de la deuda y reconocerán la corresponsabilidad en la generación de deudas ilegítimas
del gobierno español. En caso contrario, desde la oposición promoverán políticas que
persigan este objetivo.
2. Siendo consecuentes con estos reconocimientos, impulsarán una auditoria pública
integral de la deuda de la que es acreedor el Estado español, para determinar hasta
qué punto la deuda bilateral es ilegítima. En esta auditoria se contará con la
participación de la sociedad civil. Se comprometerán a cancelar todas las deudas que se
demuestren ilegítimas, así como las que su pago ponga en peligro el cumplimiento de
los derechos humanos y la satisfacción de las necesidades básicas en los países del Sur.
En este terreno, se podrán seguir los pasos dados por otros gobiernos europeos, como
Noruega.
3. Se comprometen a impulsar en el marco internacional auditorias públicas integrales
(con participación de la sociedad civil) tanto de la deuda multilateral como de la
privada. Así mismo, exigirán responsabilidades y restituciones a aquellos que
permitieron la generación de deudas ilegítimas y se aprovecharon de ellas. Impulsarán
la inmediata abolición de todas ellas. Como primer caso, apoyarán el proceso de
auditoría pública integral iniciado por el gobierno de Ecuador.
4. Se comprometerán a legislar para eliminar todo elemento crediticio en el marco de
la AOD española (Créditos FAD y Microcréditos). Impulsarán este proceso en el marco de
la obligación del ejecutivo español de presentar una nueva ley que regule el Fondo de
Ayuda al Desarrollo.
5. Eliminarán la ayuda ligada dentro de la AOD.
6. Derogarán aquellos mecanismos públicos de apoyo a la exportación e
internacionalización de las empresas españolas que comporten impactos ambientales,
sociales o económicos negativos para los países empobrecidos. Para evitar dichos
impactos, establecerán mecanismos públicos de control, evaluación, denuncia y
asunción de responsabilidades en los mecanismos de promoción y los procesos de
internacionalización de la economía española. Todo esto se llevará a cabo en el marco
del proceso de reformulación de la legislación sobre CESCE a la que esta obligado el
ejecutivo español.
7. Promoverán una ley de responsabilidad exterior que regule la actuación en el
extranjero de empresas y administraciones españolas, imposibilitando y penando
impactos ambientales, sociales y económicos negativos.
8. Establecerán mecanismos para el reconocimiento de la deuda ecológica que desde el
Estado español hemos adquirido con los pueblos del Sur. Esto implica pedir
públicamente perdón por los daños y perjuicios causados, establecer mecanismos para
su restitución y aplicar políticas que eviten nuevas deudas ecológicas.
9. Crearán una comisión o grupo de trabajo parlamentario permanente, con el fin de
facilitar la integración de las dimensiones ambientales y sociales en las políticas de
comercio e inversión internacional española. Esta comisión abordará las actividades
desarrolladas como actor individual y aquellas en las que actúe como participante en la
Unión Europea. Deberá supervisar las actuaciones bilaterales y multilaterales (acuerdos
en el ámbito de la OMC, EPAs, Acuerdos de comercio e inversiones en América Latina,
etc). Dicha comisión discutirá los posicionamientos de España en el ámbito del
comercio e inversión internacionales, realizará informes de seguimiento y evaluación
del impacto ambiental y sobre el desarrollo de las políticas comerciales y de inversión,
y propondrá mejoras en éste ámbito. Formarán parte de esta comisión o grupo
parlamentario de trabajo tanto miembros del área de comercio, como del área de
medio ambiente y de cooperación, así como representantes de la sociedad civil
española, y del Sur, adecuados a los temas tratados.
10. Se comprometerán a abrir espacios de debate en el marco parlamentario español,
con participación de la sociedad civil, para discutir los temas tratados en éste
decálogo.
Esperamos atiendan nuestras reivindicaciones, puesto que persiguen la verdadera
justicia y el bien común.
Atentamente
Campaña ¿Quién debe a quién?
www.quiendebeaquien.org
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LA CAMPANYA “QUI DEU A QUI?” S’OPOSA A LA INCLUSIÓ D’UNA PARTIDA


LA CAMPANYA “QUI DEU A QUI?” S’OPOSA A LA INCLUSIÓ D’UNA PARTIDA
D’AJUDA REEMBORSABLE (CRÈDITS) EN ELS PRESSUPOSTOS DE LA
COOPERACIÓ CATALANA PER AL 2008.
“Els crèdits no són ajuda ...
són més deute, més pobresa i més patiment pels països del Sud”
Barcelona, 8 de febrer de 2007
Des de la Campanya “Qui deu a Qui?”(QdQ) hem rebut amb preocupació i indignació la notícia sobre la incorporació en el pressupost de l’Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) catalana, gestionat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), d’una partida de 14.360.000€ en concepte d’ajut reemborsable, és a dir, crèdits. Les organitzacions i persones que formem la campanya QdQ, i que treballem per l’abolició del deute extern dels països empobrits, creiem fermament que qualsevol mecanisme de crèdit en el marc de la cooperació al desenvolupament no es pot considerar ajut al desenvolupament, i refusem taxativament l’acceptació d’aquesta partida per part de l’ACCD.
Una de les principals i més preocupants conseqüències de la posada en marxa de crèdits com a instrument de cooperació seria la generació de Deute Extern Català. Des de la societat civil venim lluitant contra el mecanisme del deute extern des de fa dècades, havent-ne demostrat amb escreix el seu nefast impacte en els processos de desenvolupament als països del Sud.
El Govern català s’està plantejant iniciar la generació de deute extern dels països del Sud cap al nostre país precisament en un moment en que existeix un consens força generalitzat internacionalment sobre la inadequació de l’ús del crèdit com a mecanisme de cooperació. En aquest sentit la decisió de l’executiu català va contracorrent de l’actual context, quan a nivell estatal s’ha aconseguit per primera vegada incloure a l’agenda política la revisió d’instruments com els crèdits FAD. Fins i tot el Comitè d’Ajut al Desenvolupament de l’OCDE (CAD) l’any 2001 recomanava el no ús dels crèdits lligats com instrument d’AOD, i al 2002 aconsellava al govern espanyol, en la seva revisió de la cooperació espanyola (1997-2001), “avançar en una revisió de la política espanyola en el sentit de concedir donacions i no crèdits als països pobres” . Cal destacar que l’ACCD seria, de seguir endavant amb l’execució d’aquesta partida, la primera
agència descentralitzada en adoptar el mecanisme d’ajut reemborsable, establint d’aquesta forma un perillós precedent de males pràctiques en la cooperació oficial al desenvolupament.
Amb aquesta partida d’ajut reemborsable de 14,3 milions € el govern català pretén fer creure a l’opinió pública que compleix amb els seus compromisos. De comptabilitzar-se finalment com a AOD, aquesta partida permet a la Generalitat arribar als 67.460.000€ de pressupost de l’ACCD promesos per al 2008 i s’apropa aparentment a la promesa del 0’7. Però en realitat, dels 15,3 milions € promesos d’increment en el pressupost de l’AOD catalana entre 2007 i 2008, el 93,8% es pretén assolir amb aquesta nova partida de crèdits que res tenen d’ajudaii. Així el Govern català incompleix clarament el compromís d’incrementar l’AOD catalana fins assolir el 0’7 al 2010. Cal aclarir que aquests recursos retornaran en un futur a les arques de la Generalitat, havent-se de comptabilitzar aleshores com a AOD negativa. Per tant, en el moment en que aquesta ajuda es retorni, és a dir, en el moment en que Catalunya comenci a cobrar el Deute Extern del Sud, els percentatges d’AOD disminuiran si no es preveuen partides addicionals. Acceptar aquesta partida és una mesura clarament electoralista, per, en època de recollida de vots, fer creure als
ciutadans que els polítics compleixen les seves promeses. La mesura amaga la realitat d’un govern que no té prou recursos propis per complir amb els seus compromisos, en part a causa d’una política fiscal també altament electoralista. Estem novament davant d’un govern que ofereix rebaixes fiscals als més rics (com en el cas de l’impost de patrimoni) a canvi de reduir els recursos de les polítiques socials, en aquest cas, per aquells que més ho necessiten, els països més empobrits.
La xifra de 14,3 milions d’euros suposa un 21,3 % del tot el pressupost de l’ACCD, i un 17,3 % de tot el pressupost d’AOD previst pel govern català (incloent el pressupost de l’ACCD i l’assignat a altres departaments de la Generalitat de Catalunya). Així, d’un dia per l’altre, l’ACCD ha de dedicar una cinquena part dels seus recursos a crèdits, un mecanisme que ni tan sols té desenvolupat i que, en cap moment, ha discutit, ni molt menys consensuat, amb les organitzacions de desenvolupament catalanes. Tal i com també denuncia la Taula Catalana d’ONGs (TOC)iii, aquesta decisió s’ha pres de forma sobtada i unilateral, profunditzant el procés de disminució de la participació de la societat civil en la gestió dels fons públics. Res sabem sobre com pensa implementar l’ACCD aquests més de catorze milions d’euros, ni si és aquesta una mesura puntual o un precedent que es repetirà en els propers anys. La mesura suposa, doncs, un trencament amb els compromisos d’increment de l’AOD establerts en el Pla Director de la Cooperació Catalana, aprovat pel Parlament de Catalunya el 5 de juliol de 2007iv. Des de QdQ volem denunciar el greu retrocés en la qualitat de les polítiques de cooperació que suposarà l’adopció de mecanismes de crèdit dins de l’AOD. Aquesta iniciativa només es pot llegir com una evidència de la manca de compromís real dels partits polítics en el Govern català amb una cooperació al desenvolupament veritablement substancial, de qualitat i transformadora.
Des de QdQ exigim al Govern Català que reverteixi la seva decisió i retiri aquesta partida dels pressupostos, mantenint el compromís d’arribar al 0’7 al 2010 íntegrament en base a donacions. No volem aquesta ajuda, perquè els crèdits no són ajuda. Els crèdits són més deute, més pobresa i més patiment per als països del Sud. No permetrem que, en nom de la solidaritat i sota interessos electoralistes, enganyin a la societat i endeutin als pobles del Sud.

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